*Jorge
Navarrete Bustamante
El lunes
pasado se realizó el primer debate presidencia bajo la actual ley de primarias.
Ello ha sido de sorprendente relevancia pública dado los 24 puntos marcados por
el rating en la TV privada chilena y estadounidense (CNN), aunque no es nuevo
para la oposición pues lo ha organizado e implementado desde hace 20 años
(1993), en esa época entre los precandidatos Eduardo Frei Ruiz Tagle y Ricardo
Lagos Escobar.
Empero esta
vez el centro del debate fue más estructural ya que se debatía acerca de la
sociedad en la que queremos vivir de aquí a los próximos 20 años. Es decir, ya
no para el periodo de los próximos seis o cuatro años del periodo presidencial
bajo el recurrente sistema de “posta”, y en el marco de un sistema heredado y luego
ajustado incrementalmente en el proceso de reconstrucción democrática cómo en
el pasado.
Por ello, los
vectores estructurantes en todo estado nacional como es la elaboración de una
nueva Constitución; la gratuidad y calidad de la educación como “piedra
angular” para revertir la actual distribución del ingreso que está generando además
verdaderos ghettos en nuestra
convivencia diaria; y la integración social en materia sexual y étnicas, fueron
neurálgicos en el debate del lunes precisamente porque de ello pende la genuina
paz social de la patria.
Cierto. No
se abordaron tales tópicos en debates ni en candidaturas de antaño con la contundente
profundidad y decisión de esta semana. Ello precisamente porque las sociedades son
dinámica, evolucionan o involucionan, y su quehacer está determinado por
prioridades que ellas mismas resuelven según su específico nivel de maduración;
desarrolla velocidades en el marco de reglas que se ha dado o heredado, y que
en este caso –pese a todas las reformas constitucionales- impiden avanzar hacia
nuevos y mayoritariamente deseables estadios de desarrollo: “unos pocos deciden
por los más”, antítesis de toda democracia.
Han sido
nuestros jóvenes los que impulsan tamaña transformación deseada. Y nuestra
sociedad no puede dejar de procesar y atender eficazmente las mismas. Ello es
rol del estado. Esta vez, la responsabilidad de sus instituciones, y de los partidos
políticos chilenos –fundamentales en toda democracia- no puede supeditarse a
“darle una vuelta más al torniquete institucional”: ello sería nefasto.
Por ello el
dilema entre la ética de convicción y la ética de la responsabilidad (Max
Weber), está latente. Esto no quiere decir que la ética de convicción es idéntica a
la ausencia de responsabilidad, y la ética de responsabilidad a la ausencia de
convicción; por el contrario, se completan
mutuamente. La alianza debe entonces asumir que la absolutización de una mal
entendida ética de convicción puede llevar al país a una ingobernabilidad que
la mayoría no desea para Chile, precisamente por carecer de una mínima ética de
la responsabilidad.
MBA.
Universidad de Talca.
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